Piden 10 años de cárcel para Jaime, Schiavi y Cirigliano
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Fue en el alegato de la abogada Patricia Anzoátegui, quien además solicitó la absolución del maquinista Marcos Córdoba por considerarlo no culpable.

Anzoátegui solicitó además al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que se abra una causa penal para investigar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. “Los funcionarios ejercieron un control meramente formal. TBA filtraba el dinero a través de otras de sus empresas y gastaba el financiamiento de nuevos proyectos que terminaban en nada. Hacían caja, no mantenían los trenes”, acusó la abogada.
Anzoátegui representa a los familiares de Darío Cellie, uno de los fallecidos en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012. “Darío murió por asfixia. Se fue desangrando porque no lo podían sacar”, recordó la abogada.
Anzoátegui pidió las penas por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y en su acusación consideró como agravantes que el siniestro ferroviario haya causado conmoción social y la muerte y heridas de varias personas.
La audiencia de ayer cerró los alegatos de las querellas que actúan en el juicio y hoy a las 9 en los tribunales federales de Retiro será el turno del fiscal Fernando Arrigo, cuyo alegato demandará varias jornadas.
Las dos primeras querellas, la de los abogados Jesús García y Javier Moral, pidieron 22 años de prisión para el maquinista Córdoba por estrago doloso por entender que fue el único responsable de la tragedia. La tercera querella, a cargo de Leonardo Menghini Rey, tío de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas mortales, acusó a todos los imputados menos a Córdoba. Menghini Rey pidió que Schiavi y Jaime sean condenados a 15 años de prisión y Cirigliano a 18 años.
Para la querellante Anzoátegui, Cirigliano “firmó el contrato de concesión” para hacerse cargo del sistema ferroviario y “organizó el desvío del dinero de la empresa TBA perjudicando el servicio”.
“No invertían el dinero en mantener las unidades y por eso se produce el resultado lesivo”, sostuvo Anzoátegui.
La abogada consideró en su planteo que Jaime y Schiavi tenían como secretarios de Transporte la obligación legal de “supervisar” a TBA y no lo hicieron. La querella no acusó a Córdoba.
Clarín
15/09/15