Descarrilamientos, formaciones que no siempre pueden frenar a tiempo, choques, planes de obras que no se ejecutan, pasos a nivel sin control, servicios cada vez más espaciados o directamente nulos y desprolijidades tan grandes que conllevan la designación de un funcionario y su despido cinco días después. Ese es el estado que presentan los ferrocarriles urbanos pocos días después de haberse cumplido seis meses de la tragedia de Once, que dejó medio centenar de muertos y varios heridos. Atrapada en esa perversa red está la gente. Millones de personas que no tienen más remedio que utilizar un servicio en esas condiciones. Personas que ya están resignadas a viajar peor que el ganado, pero que no piensan en ello, porque la premisa es llegar sano y salvo a destino. No importa si medio asfixiadas, sin la billetera que algún punguista cosechó en un campo tan fértil para el manoseo o simplemente con el aspecto propio de quien sale de un infierno. Nada de todo eso importa cuando la experiencia de todos los días indica que hay que ser agradecido por haber llegado a destino y poder salir caminando normalmente después de un viaje en tren. El estado del servicio ferroviario no tiene cabida, sin embargo, en las alocuciones de la Presidenta. Los trenes, como la inflación y la inseguridad, son la basura que se barre debajo de la alfombra porque no encaja con el país que se pinta desde esas producidas apariciones presidenciales. La tragedia de Once, tan anunciada por el deplorable estado del Sarmiento que pudo y debió haber sido evitada, dejó al desnudo el grado de impunidad de los empresarios a cargo de la concesión y de los funcionarios responsables de controlarlos, así como la enorme masa de dinero que circulaba sin una rendición de cuentas en el negocio. Sólo esa impunidad o el convencimiento de que el umbral de tolerancia de la sociedad es muy alto pueden haber llevado a Juan Pablo Schiavi, personal de extrema confianza del ministro Julio De Vido, a burlarse de todos al sugerir que los accidentados podían tener cierto grado de responsabilidad por apiñarse en los primeros vagones y que si el hecho se hubiese producido un día no laborable las consecuencias no hubieran sido tan terribles. No contentos con semejante exabrupto, los funcionarios de la Presidenta rápidamente desplegaron una estrategia que les es común frente a los problemas: buscar algún responsable puertas afuera. Y se cargó, entonces, contra el estado y la idoneidad de quienes estaban a cargo del tren. Luego del retiro de la concesión a TBA y del inevitable apartamiento de De Vido del área, a comienzos de junio, el transporte, los trenes, quedaron dentro de la órbita de otro de los ministros , Florencio Randazzo. Es poco el tiempo que lleva Randazzo en su nueva función como para exigirle resultados, pero algunas de las medidas que ha instrumentado no dejan margen para el optimismo. Él fue quien ascendió a la Subsecretaría de Regulación Normativa de la Secretaría que maneja trenes, subtes y demás transportes a Antonio Sícaro, uno de los hombres indagados por la tragedia de Once. Randazzo mismo fue quien después vio cómo su hombre se despedía del cargo ante el malestar que su designación había provocado entre familiares de las víctimas. Randazzo firmó recientemente la resolución por la que quedó sin efecto la licitación para la señalización de ramales del Sarmiento y del Mitre, una obra que pudo haber evitado la tragedia de Once. Pese a los esfuerzos del ministro, quedó en evidencia la inacción y la falta de controles de los organismos del gobierno nacional. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández prometieron que, con ellos en el poder, la Argentina recuperaría los ferrocarriles de primer nivel que supo tener. Y hasta hablaron de un tren bala para unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba. Hoy, de todo ello quedan escombros, pues eso son actualmente los ferrocarriles argentinos; 51 muertos, la evidencia de que otra tragedia está a la vuelta de la esquina y un Poder Ejecutivo que evita explicar cómo hará para revertir la situación.
La Nación
10-09-2012