En los 90,
por decisión del gobierno de Carlos Menem, se entregaron en concesión
los ferrocarriles. Por entonces adujeron que la razón era una pérdida
diaria de un millón de pesos que el Estado no podía solventar. Desde
luego, dijeron que la empresa privada mejoraría notablemente el
servicio de trenes. Pero el concesionario, lejos de mejorar el servicio y
ampliarlo, redujo muchísimos ramales, dejando pueblos sin recursos
porque destruyeron su medio de vida. La empresa concesionaria obtuvo
subsidios del Estado mucho mayores para sostener un servicio obsoleto,
usufructuando los bienes del Estado en su beneficio, con una inversión
mínima y deficiente para el mejoramiento del mismo. Las voces de los
trabajadores denunciando las irregularidades y la falta de recursos para
el mantenimiento adecuado de las unidades no fueron escuchadas por los
concesionarios ni por el Estado. Y permitieron que los trenes sigan
funcionando sin condiciones de seguridad, lo que revela una falta total
de respeto por la vida. Toda entrega de subsidios debe tener una
contrapartida, que es el control sobre las empresas subsidiadas sobre
todo en este rubro, que tiene que ver con la seguridad de las personas
que viajan y donde cualquier error pone en riesgo la vida. ¿Cuál es el
beneficio de privatizar un servicio de transporte masivo si la empresa
responsable no es responsable? ¿Cuál es la responsabilidad del órgano de
contralor que no ejerce control y lo deja en libertad de acción para
que siga funcionando? Estas preguntas exigen una respuesta de parte de
quienes entregaron el servicio y de quienes no ejercieron el control,
para asegurar a los usuarios el cuidado de sus vidas. Es necesario
encontrar una solución para no continuar con una sumatoria de conflictos
que siga comprometiendo la vida de las personas y que tan ligeramente
pretenden adjudicarle la responsabilidad al hilo más delgado, el
maquinista.
Clarin
02-05-2012