Los empresarios Mario y Claudio Cirigliano, procesados y a punto de ser juzgados como responsables por las 51 muertes del choque del tren Sarmiento en la estación Once hace dos años, informaron al Gobierno que vendieron su fábrica de vagones EMFER, que perdió atractivo comercial para el grupo desde que le quitaron la concesión del ferrocarril Sarmiento.
Aunque no confirmaron el comprador, los contratistas –que aún administran al menos 30 líneas de colectivos, compañías de seguros, aviación y ómnibus de larga distancia– dejaron de pagar los sueldos de sus 340 operarios y amenazaron con seguir incumpliendo si el Estado no se hace cargo de sus quebrantos.
La crisis de EMFER, una fábrica que perteneció a Fabricaciones Militares hasta la privatización del ferrocarril, fue in crescendo durante los últimos dos años. El viernes pasado volvió ser noticia cuando los obreros decidieron cortar la General Paz en la hora pico de la mañana, tras varias demoras en el cobro de sus quincenas. Por la noche los delegados de los trabajadores y de la compañía fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quienes escucharon la confirmación de la venta de boca de su gerente, Vicente Sansalvador.
El comprador, según fuentes de la industria, es el gigante chino CSR, proveedor de los vagones que empezaron a llegar la semana pasada a Buenos Aires para la línea que une Once con Moreno. Pero según dijo Sansalvador a Tomada en la reunión del viernes, la operación se pactó partiendo de que “la fábrica puede funcionar con 50 personas”. Los delegados sindicales, nucleados en la UOM, sospechan que también puede tratarse de una operación para encubrir a los verdaderos accionistas tras testaferros antes del inicio del juicio oral por la tragedia de Once.
Las negociaciones se retomarán hoy en el Ministerio de Trabajo, pero Sansalvador aclaró que la empresa está “en crisis estructural” y que el incumplimiento en el pago de salarios puede repetirse en el futuro inmediato. Para evitarlo, el gerente exigió que el Estado apure el pago de una partida de ómnibus que le encargó a su empresa gemela –TATSA, que funciona en el mismo predio de General Paz y Migueletes– para el Ministerio de Educación. Delante de los delegados sindicales, Capitanich le encargó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que acelere su liquidación.
Del encuentro del viernes no surgió ningún acta ni acuerdo, pero los gremialistas se comprometieron a no interrumpir el tránsito ni el trabajo en la planta al menos hasta mañana. Tomada propuso informalmente que una parte de los trabajadores sean absorbidos por la línea Sarmiento, la única íntegramente operada por el Estado, pero los empleados no tienen garantías de la continuidad en sus puestos de trabajo.
Pocos días después de la tragedia de Once, los obreros de EMFER denunciaron que en la planta de San Martín habían sido incinerados en un volquete cientos de documentos y balances de los Cirigliano, que la Justicia buscaba para establecer la ruta de los subsidios entregados por el Estado. El dato, publicado en exclusiva por BAE Negocios, abrió una nueva línea de investigación judicial sobre la presunta malversación de esos fondos.
Buenos Aires Económico
25-02-14