El Gobierno de la Nación anunció un régimen de penalidades a las empresas que operan los trenes metropolitanos. La medida llega 11 años después de la declaración de la Emergencia Ferroviaria, plazo en el que además sucedieron las tragedias de Once y Castelar, quemas de vagones, numerosas denuncias por el pésimo servicio ferroviario y reestatizaciones de ramales, todo en el marco de un aumento sostenido de los subsidios al transporte.
La decisión se concretó con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución N° 511, que establece las sanciones para la UGOFE (opera los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur, y la UGOMS (Mitre y Sarmiento). Se trata de dos organismos que tomaron a su cargo el servicio de los ferrocarriles reestatizados por el Estado, y que en realidad están conformadas por Metrovías y Ferrovías, las únicas dos concesionarias que siguen en pie desde las privatizaciones de los 90. Las multas serán de entre el 4,5% y el 25% del canon que el Estado les paga a las empresas por el servicio. Si se decidiera aplicar el máximo previsto por cada infracción, el Gobierno podría retener el 100% del dinero. La escala es la siguiente: Por incumplir intimaciones, 4,5%. Por falta de limpieza y conservación en estaciones, vías y material rodante, 5% al 5,5% de multa. Por suspensión o cancelación de trenes, o por impuntualidad en los horarios, se puede descontar hasta el 7,5% del canon. Por falta de electricidad en los equipos, 8%.
Por falta de mantenimiento y seguridad en las vías, señalamientos o sistemas de comunicaciones, 16% de quita. Por falta de mantenimiento del material rodante, 8,5% al 25%. En tanto, si las sanciones se repitieran sin producirse mejoras, o bien si se tratara de faltas muy graves, el Gobierno podría rescindir el contrato. Los usuarios podrán realizar las denuncias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya sea en persona, por teléfono o vía mail. El Gobierno asegura que este régimen de sanciones “busca generar los incentivos necesarios para alcanzar los niveles deseados de calidad ”. Hasta ahora, las políticas para los trenes metropolitanos (y el transporte urbano en general) consiguieron el resultado inverso: como la tarifa se mantuvo congelada pese a la inflación, las empresas terminaron recibiendo mucho más dinero por subsidios que por las boleterías, lo que conspiró contra cualquier incentivo para invertir y mejorar la calidad del servicio. No en vano los ferrocarriles metropolitanos se degradaron pese a que el Gobierno destinó una catarata de recursos: el año pasado hubo subsidios por $ 4.603 millones, a razón de $ 11,6 por pasajero. El propio ministro Florencio Randazzo reconoció que los servicios del Mitre y el Sarmiento eran “un desastre”.
La falta de penalidades fue uno de los elementos que contribuyó con la debacle ferroviaria. En 2002, durante la crisis del país, el Gobierno de Eduardo Duhalde declaró la Emergencia Ferroviaria. Como la devaluación había distorsionado todos los parámetros económicos de las concesiones, en el decreto N° 2.075 se suspendieron los sistemas de sanciones que había en cada contrato con las empresas, pero a la vez se encomendó a la Secretaría de Transporte que hiciera las modificaciones necesarias. Pero esos cambios nunca se hicieron. Desde entonces, y ya con la administración kirchnerista, el Gobierno nacional no sólo no aplicó sanciones importantes sino que mantuvo una relación muy cercana con los concesionarios, al punto tal que a algunos empresarios, como a Claudio Cirigliano, dueño de TBA, se lo investiga por el presunto pago de dádivas a Ricardo Jaime, el ex Secretario de Transporte. Por ejemplo, ya en 2010 la Auditoría General de la Nación advertía, en un informe publicado en la resolución N° 237 sobre el accionar de la UGOFE, que la CNRT había reconocido que “no había aplicado penalidades debido a la inexistencia de reglamentación”.
La UGOFE fue creada en 2005 para absorber el ferrocarril San Martín, y en 2007 se quedó también con el Roca y el Belgrano Sur.
Los tres ferrocarriles dependían de la concesionaria Trenes Metropolitanos. Luego el año pasado, tras la tragedia de Once, surgió la UGOMS para tomar a su cargo el Mitre y el Sarmiento, que estaban en manos de TBA. Ayer en ninguno de los dos entes quisieron hacer declaraciones sobre el régimen de sanciones.
Clarín
25-06-2013